El beneficio fue otorgado ante informes médicos que identifican dolencias cardíacas y enfermedades crónicas.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal autorizó el arresto domiciliario para Julio De Vido, al considerar su estado de salud en el marco de la causa vinculada a la Tragedia de Once.
La resolución fue adoptada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes dispusieron que la medida se implemente bajo controles periódicos y en las condiciones que establezca el magistrado interviniente.
En ese marco, el juez del Tribunal Oral Federal N° 4, Ricardo Ángel Basílico, ordenó el traslado del ex funcionario desde el penal de Ezeiza a su domicilio en Zárate. La medida incluye el uso de tobillera electrónica, supervisión judicial y la prohibición de salida del país.
El tribunal fundamentó su decisión en la situación médica del ex ministro, de 76 años, quien presenta múltiples enfermedades crónicas, entre ellas afecciones cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión. Según consta en el expediente, recientemente sufrió un episodio cardíaco que derivó en una internación, una angioplastia y la colocación de un stent.
La defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, había apelado la negativa previa del tribunal oral, que en abril rechazó el beneficio de la prisión domiciliaria.
De acuerdo con el informe del Cuerpo Médico Forense, el entorno carcelario no garantizaba las condiciones necesarias para el tratamiento adecuado del ex funcionario, lo que implicaba un riesgo elevado de complicaciones en su estado de salud.
De Vido cumple una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el contexto de la causa conocida como “Once 2”. En esa investigación se determinó su responsabilidad en el control de los fondos destinados a la concesionaria ferroviaria, aunque fue absuelto por el delito de estrago culposo vinculado a las muertes y lesiones del accidente ocurrido en 2012, que dejó 52 víctimas fatales.
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En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena, habilitando su ejecución.
El ex ministro también enfrenta otros procesos judiciales en curso, entre ellos la causa conocida como “Cuadernos”, actualmente en etapa de juicio oral
